El Estado enfrentará demandas millonarias por el accidente de Flores

Hay muchos interrogantes respecto del accidente ferroviario de Flores. Pero también hay varias certezas. Y una de ellas es que se iniciarán tantos juicios como pasajeros puedan probar que estaban arriba de alguno de los vagones o del colectivo siniestrados en el trágico paso a nivel porteño.

Y hay otra certeza más. Además de que serán demandadas la empresa concesionaria del ramal, Trenes de Buenos Aires (TBA) y la dueña del colectivo 92 (Empresa Microómnibus Sáenz Peña), el Estado también soportará el asedio judicial.

Como sucede en la mayoría de los accidentes viales o ferroviarios que se dan en el país, después de los hechos vienen los planteos judiciales. Y este caso, claro está, no será la excepción a esta regla.

Cuando se inicia una demanda en la que se reclama una indemnización por daños y perjuicios se demanda a todas las partes que podrían tener alguna responsabilidad en lo ocurrido.

De más está decir que TBA y los propietarios de la línea 92 tendrán que defenderse en centenares de juicios. Una vez que ellos sean llamados a juicio, deberán denunciar quiénes son las compañías de seguro que soportan los riesgos. En el caso de la empresa de colectivos, no hay demasiadas opciones, ya que si bien no fue confirmado oficialmente, las compañías que aceptan asegurar compañías de colectivos no son más de cinco.

En el caso de TBA, la cosa es distinta. Según informaron ayer voceros de la empresa, la concesionaria de trenes tiene un pool de compañías que aseguran el riesgo. «Liderar, Cosena Seguros de Caución, Chubb y Alianz son las compañías que se reparten los seguros de la empresa», dijo un vocero de la compañía.

Y luego viene el Estado. ¿Por qué deberá el Estado comparecer en juicio? Pues por varias razones: la primera es que es el dueño de la infraestructura. Los vagones, las vías y todo el material de señalización son del Estado. El esquema, heredado de los años noventa, es el siguiente: el concesionario opera lo que le da el Estado, aunque lo debe mantener en condiciones de operabilidad.

Enrique Cárrega, abogado especialista en seguros, dice que hay responsabilidad del Estado. «Hay una clara omisión del deber de seguridad del Estado», dice Cárrega, en referencia al estado de las barreras.

Igualmente, el derecho civil establece que siempre hay responsabilidad del dueño de la cosa. Y en este caso, el dueño es el Estado. Luego será parte de la investigación judicial establecer las culpas de cada uno y los porcentajes por los que cada uno de los demandados debe responder.

¿Cuánto podría salir este siniestro? «Depende de muchas cosas, pero el valor vida, y dependiendo de los ingresos y de la edad, se valora en la Justicia entre 600.000 y un millón de pesos», contestó. ¿Quiénes podrán demandar? Todos los que puedan probar que estaban en el tren o en el colectivo. Tengan o no boleto.

Fuente: Lanacion